Chile antes del ChileDay
El Banco Central entregó un panorama más débil para la economía chilena en su tercer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año. El principal cambio está en la proyección de crecimiento para 2026: el rango estimado para el PIB bajó desde 1,0%-1,75% en junio a solo 0,25%-0,75%. La corrección responde a una desaceleración mayor de la demanda interna, condiciones climáticas adversas durante el trimestre y una producción minera por debajo de lo previsto.
El informe advierte que la economía perdió dinamismo durante el año y que el deterioro ya no responde solo a factores de oferta. Durante el segundo trimestre se debilitó el gasto interno, a la vez que empeoraron el mercado laboral y los indicadores de confianza. A esto, se sumó el aumento de los combustibles, asociado al conflicto en Medio Oriente, que redujo el ingreso disponible de los hogares y elevó los costos de las empresas.
Pese a este escenario, el Banco Central prevé una mejora a partir de 2027. La implementación de la Ley de Reconstrucción entregaría un impulso adicional a la actividad, principalmente a través de la inversión, lo que permitiría una recuperación del crecimiento respecto del bajo desempeño previsto para este año.
En inflación, el escenario presenta menos cambios. El Banco Central mantiene la expectativa de que converja hacia niveles cercanos a 3% durante el segundo trimestre de 2027. En el corto plazo seguirá influyendo el shock de costos asociado a los combustibles, aunque una demanda interna más débil debería contener parte de esas presiones. En ese contexto, el Consejo señaló que evaluará la Tasa de Política Monetaria reunión a reunión, en función de la evolución del escenario local e internacional.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas refuerzan las señales de debilidad. En agosto, el IPC registró un alza mensual de 0,6%, por sobre las expectativas del mercado, con lo que acumuló 3,6% en el año y 4,1% en doce meses. El aumento estuvo impulsado principalmente por alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 1,4%, y transporte, con un avance de 1,6%. En contraste, información y comunicación anotó una baja mensual de 0,3%.
A ello, se suma un mercado laboral más deteriorado. La tasa de desocupación llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026, un aumento de 0,8 puntos porcentuales en doce meses. El deterioro respondió a un alza de 0,7% de la fuerza de trabajo y a una caída de 0,2% en el número de personas ocupadas, mientras los desocupados aumentaron 10,4%. También destacó la baja de 2,4% en los asalariados formales y el aumento de la informalidad, cuya tasa se ubicó en 26,5%, 0,5 puntos por sobre el nivel de hace un año.
El Presidente José Antonio Kast dio a conocer la esperada reforma al mercado de capitales, un proyecto que ya ingresó al Congreso y que busca recuperar profundidad y liquidez en el sistema financiero, ampliar las fuentes de financiamiento y facilitar el acceso a la vivienda. En encadenamiento con la aprobada Ley de Reconstrucción se espera sea un catalizador de crecimiento, inversión y empleo.
El diagnóstico del Gobierno apunta a que el aumento del endeudamiento estatal, mayores costos regulatorios y tributarios y los retiros previsionales redujeron los recursos disponibles para financiar empresas, proyectos y créditos hipotecarios. La propuesta intenta revertir ese proceso mediante menores barreras de entrada, más ahorro y nuevos incentivos para atraer capital nacional y extranjero.
Uno de los principales focos es la vivienda. El proyecto crea el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), que adquirirá créditos hipotecarios originados por instituciones financieras para entregar mayor liquidez y financiamiento de largo plazo al sistema. A ello, se suma el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV) destinado exclusivamente a financiar el pie de una primera vivienda. Una vez
alcanzado un determinado nivel de ahorro, el Estado complementará el monto con una bonificación. Ambos instrumentos buscan actuar sobre tres restricciones que hoy dificultan el acceso a la propiedad: el pie, las tasas de interés y el monto mensual de los dividendos.
El segundo objetivo es ampliar las alternativas de financiamiento para empresas, especialmente aquellas que hoy tienen dificultades para acceder al mercado público. Una de las principales novedades será un segmento junior de la Bolsa para compañías de innovación y crecimiento y proyectos de exploración minera. El régimen incorpora además incentivos tributarios para los inversionistas, entre ellos un crédito contra el impuesto global complementario equivalente al 35% de la inversión, con un tope de 50 UTA, cercano a CLP 40 millones.
Otro componente apunta a reducir costos y simplificar la operación del mercado. El proyecto busca agilizar procesos de sociedades anónimas y administradoras de fondos, disminuir exigencias que actúan como barreras de entrada y ampliar los incentivos al ahorro, incluidos los asociados al APV. También contempla modificaciones a la Ley de Fraudes para reducir los costos que este tipo de operaciones genera sobre el sistema financiero y evitar judicializaciones innecesarias. La lógica es que una regulación más proporcional permita aumentar la competencia y facilitar que más empresas y emisores accedan al financiamiento.
Finalmente, la reforma retoma la aspiración de convertir a Chile en un centro financiero regional. Para ello propone eximir de IVA determinadas exportaciones de servicios financieros, facilitar la participación de inversionistas no residentes y ampliar ciertas exenciones tributarias. El objetivo es que más servicios de gestión, inversión y financiamiento puedan prestarse desde Chile hacia clientes extranjeros y, al mismo tiempo, reducir los costos de entrada del capital internacional al mercado local. En conjunto, el proyecto busca conectar tres objetivos: recuperar ahorro, aumentar el financiamiento disponible y reducir el costo del capital para viviendas, empresas y nuevos proyectos.
Hace algunas semanas fue aprobada la Ley de Reconstrucción Nacional, que introduce una de las modificaciones tributarias más relevantes de los últimos años. Uno de sus principales cambios es la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría para las empresas del régimen general, desde 27% a 23%. El cronograma contempla una tasa de 27% en 2026, 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% desde 2029. El régimen Pro Pyme queda fuera de esta modificación y mantiene su tratamiento tributario actual.
A ello, se suma la reintegración completa del sistema tributario. El impuesto pagado por la empresa volverá a ser 100% acreditable contra los impuestos finales de sus propietarios. La restitución del crédito, vigente desde 2017, se reducirá de forma gradual: se mantendrá en 35% para créditos generados hasta 2026, bajará a 30% en 2027 y 20% en 2028, para desaparecer desde 2029. Con ello, la integración total operará plenamente en el año tributario 2030.
Otro eje relevante es la creación de un nuevo estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones locales y extranjeras desde US$50 millones. El régimen permitirá mantener estable la carga tributaria efectiva total durante 10 años para inversiones entre US$50 millones y US$100 millones, 15 años entre US$100 millones y US$350 millones y 20 años para proyectos desde US$350 millones. Podrán acogerse inversiones en minería, industria, energía, sector forestal, infraestructura, telecomunicaciones, investigación, desarrollo tecnológico y áreas médicas o científicas.
La invariabilidad comprende el impuesto a la renta y el IVA sobre bienes de capital, aunque contempla como contrapartida un incremento de 1,5% en la tasa de Primera Categoría aplicable a las rentas acogidas. Tras la revisión del Tribunal Constitucional, el régimen mantuvo su estructura central, pero perdió mecanismos que permitían extender sus beneficios a proyectos o sectores conexos, lo que deja un sistema más acotado y predecible.
La ley también reduce el alcance de la franquicia tributaria Sence. Su tope baja desde 1% a 0,7% de las remuneraciones imponibles anuales y se incorpora un esquema de copago empresarial según el ingreso del trabajador capacitado. La franquicia podrá cubrir hasta 80% del gasto para trabajadores con rentas de hasta 25 UTM, 50% para quienes reciban entre 25 y 50 UTM y 15% para rentas superiores a ese umbral.
El proyecto incorpora además otras medidas tributarias: exención del impuesto territorial para mayores de 65 años, crédito tributario al empleo para empresas exportadoras de servicios basados en conocimiento y economía digital, rebajas transitorias al impuesto por repatriación de capitales y al impuesto a las donaciones, además de la eliminación del impuesto a las ganancias de capital. También crea un régimen transitorio para pagar un impuesto único de 10% sobre utilidades acumuladas en FUT, FUR y STUT, con el fin de liberar esos saldos de tributación futura.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) considera un paquete más amplio de medidas sobre policías, persecución penal, fronteras y crimen organizado. Entre los proyectos priorizados figuran la modernización de la carrera e incentivos de Carabineros, el aumento de penas por atentados contra policías, la ampliación de la flagrancia y de las primeras diligencias policiales, el fin de las notificaciones judiciales realizadas por Carabineros y las Reglas de Uso de la Fuerza.
El componente fronterizo y migratorio también ocupa un espacio central. El Ejecutivo ha priorizado la ampliación del plazo de detención para ejecutar expulsiones de extranjeros, cambios para perseguir el tráfico de migrantes, la tipificación del ingreso clandestino al país y modificaciones a las expulsiones administrativas. A ello, se suman iniciativas anunciadas como una Zona Primaria de Seguridad Fronteriza, que permitiría a las policías operar en determinadas áreas sin autorización previa de Aduanas, y “Frontera Cero”, orientada a destruir bienes ingresados irregularmente.
En crimen organizado, la agenda incluye la Ley Antiencapuchados, el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, la protección de infraestructura crítica y el fortalecimiento de la seguridad portuaria. También fueron ingresados la denominada Ley Antibarricadas 2.0 y un proyecto para ampliar el uso de ADN en investigaciones policiales. Otras iniciativas en preparación buscan facilitar la destrucción de drogas incautadas y de máquinas de azar ilegales.
El Ejecutivo también proyecta cambios institucionales de fondo. Entre ellos están una nueva Ley Orgánica de Gendarmería, la modernización de la Policía de Investigaciones, una agencia especializada para administrar y disponer de bienes provenientes de actividades ilícitas y una propuesta para reforzar la rendición de cuentas y el control sobre policías y funcionarios vinculados a seguridad.
La ACOT, por tanto, combina proyectos ya en tramitación, nuevos mensajes del Ejecutivo y otras iniciativas todavía en preparación. El núcleo inmediato está dado por los 19 proyectos priorizados por Segpres, pero el alcance de la agenda es mayor y apunta a modificar capacidades policiales, persecución penal, control fronterizo e institucionalidad de seguridad.